Universidad Nacional de San Luis
El 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, es una fecha en la que se busca mantener vivos en la reflexión y memoria social los acontecimientos producidos en la última Dictadura Cívico-Militar.
El primer acto, que podría considerarse como reivindicativo de esta fecha, fue la redacción y difusión de la Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, de Rodolfo WALSH, el 24 de marzo de 1977, que en uno de sus párrafos decía:
“Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.
El 02 de Agosto de 2002, el Congreso de la Nación Argentina dictó la Ley 25.633, instaurando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con el fin de conmemorar a las víctimas.
Tres años después, durante la gestión del Presidente Néstor KIRCHNER, se impulsó desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional que la fecha se convirtiera en un día no laborable, feriado e inamovible.
El 24 de Marzo de 1976 comenzaba en Argentina una de las épocas más oscuras de nuestra historia. En la madrugada de ese día, superiores de las Fuerzas Armadas tomaron el poder a través de un Golpe de Estado y derrocaron al entonces Gobierno Constitucional de Isabel de PERÓN; de esta forma, comenzó una Dictadura cívico-militar que duraría hasta 1983.
Los años que transcurrieron bajo la Dictadura de las Fuerzas Armadas estuvieron signados por una constante violación de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y un terrorismo de Estado que funcionó para el gobierno militar de facto como médula y ánimo social del Estado argentino. Esta modalidad de gobierno de facto y su respectivo modus operandi, a su vez formaban parte de un plan mayor conocido como Plan Cóndor, el cual ya operaba en toda Latinoamérica y funcionaba como coordinación entre las distintas dictaduras que en esos años se habían instaurado en otros países del Cono Sur, entre ellos Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil.
En el año 2006 se dictó la primera sentencia posterior a la anulación de las leyes de impunidad y al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró su inconstitucionalidad.
Los juicios de lesa humanidad prosiguieron a lo largo de 2021 a pesar de las dificultades y limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus y se concretaron 24 veredictos en causas por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar.
Hasta Marzo del 2021 ya había un total de 1.025 condenados por delitos de Lesa Humanidad.
San Luis, también tuvo sus víctimas de estos delitos de Lesa Humanidad y hasta la fecha los organismos de Derechos Humanos en colaboración con otras organizaciones sociales y ciudadanos, cuentan con el siguiente listado:
