A once años de Ni Una Menos, renovamos nuestro compromiso con la erradicación de todas las formas de violencias, discriminaciones y desigualdades. Reafirmamos la necesidad de sostener y profundizar las políticas institucionales que promuevan la igualdad, la inclusión y el respeto por las diversidades, convencidas, convencides y convencidos de que los derechos conquistados deben ser defendidos y ampliados.
En las instituciones universitarias, el recorrido de lucha iniciado en el 2015, transitó desde la invisibilización de las desigualdades hacia procesos de institucionalización a través de protocolos de intervención. Asimismo, la creación del Foro de Rectoras y Vicerrectoras (FoReVi) en 2022, marcó un hito al visibilizar que la conducción universitaria ya no constituye un monopolio exclusivamente masculino, aunque el “techo de cristal” persiste, ya que solo el 16% de los rectorados están ocupados por mujeres en 2025.
En materia de reconocimiento de identidades diversas, se modificaron los sistemas de
información universitarios, comenzaron a emitirse títulos que respetan la identidad de género autopercibida y se avanzó en la adhesión del cupo laboral travesti-trans. Sin embargo no podemos dejar de mencionar las deudas pendientes, ya que este último comparte con la adhesión a la Ley Micaela en la UNSL, la persistente ausencia de mecanismos formales y materiales que garanticen su efectiva implementación, obstaculizando una transformación real basada en la inclusión de todes y en los procesos de capacitación obligatoria. Dichos procesos garantizarían la construcción de un posicionamiento crítico que permita identificar y nombrar micromachismos, como así como también las violencias históricamente naturalizadas bajo la lógica de la “meritocracia”.
Estos avances colisionan hoy con una realidad que amenaza la sostenibilidad de los
derechos conquistados. Se ha instalado un contexto de hostilidad y crueldad marcado por el desmantelamiento de las políticas estatales de género, situación que ha dejado a las universidades funcionando como verdaderas trincheras de acompañamiento frente a una creciente sensación de intemperie social. A ello se suma una profunda crisis presupuestaria que compromete la continuidad efectiva de esta ampliación de derechos y una ofensiva ideológica caracterizada por la proliferación de discursos de odio que cuestionan la legitimidad misma de las políticas de igualdad.
Es así que, en palabras de Dora Barrancos: la apuesta final reside en la “convicción, el compromiso y la pasión” de quienes integran el sistema universitario, entendiendo que el feminismo universitario no es solamente una causa de las mujeres, sino una búsqueda colectiva de emancipación humana frente a la crueldad.
La universidad pública y feminista constituye un horizonte político que se construye cotidianamente por todas, todes, todos y cada une de nosotres.
¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!
ETI – Equipo Técnico Interdisciplinario Coordinación General de Derechos Humanos – UNSL
Programa Género, Sociedad y Universidad – FCEJS
RUGE – Red Universitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias
RIDDHH – Red Interuniversitaria de Derechos Humanos (Representaciones UNSL)