Universidad Nacional de San Luis
La Coordinación Institucional de Derechos Humanos y el Programa Universidad y Discapacidad de la Universidad Nacional de San Luis expresan su más enérgico repudio a la Resolución 187/2025 publicada en el Boletín Oficial, que establece un baremo para la evaluación médica de invalidez para las Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral.
Esta resolución emplea términos como “idiota” , “imbécil” y “retardo mental” para clasificar a las personas con discapacidad intelectual, un lenguaje inadmisible que perpetúa la estigmatización y la discriminación. En lugar de garantizar derechos, refuerza las barreras que atentan contra la dignidad y la inclusión de las personas con discapacidad.
La falta de acceso a la educación, el empleo y la salud es un problema estructural que afecta a las personas con discapacidad. Medidas como esta profundizan la exclusión y contradicen los principios de equidad y justicia social.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina en 2008, obliga a los Estados a garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación. La Resolución 187/2025 constituye un incumplimiento de estos compromisos internacionales y un retroceso en la construcción de políticas públicas inclusivas.
Resulta inaceptable que esta normativa haya sido emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que debería velar por la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad.
La Universidad Nacional de San Luis reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y rechaza cualquier medida que margine o discrimine a las personas con discapacidad. Continuaremos trabajando para exigir políticas que garanticen el respeto, la equidad y la inclusión.